Por Elijah J. Magnier:
La violencia ha estallado en Francia tras el asesinato de Nael Marzouk, franco-argelino-marroquí de 17 años, a manos de un agente de policía. El incidente se produjo cuando Marzouk, que no tenía carné de conducir, se dio a la fuga tras discutir con la policía e ignorar su orden de salir del coche. La declaración inicial de los dos policías afirmaba falsamente que sus vidas corrían peligro, pero más tarde aparecieron pruebas en vídeo que revelaron la verdad. En él se veía a uno de los agentes disparando sin justificación, lo que condujo a su detención acusado de asesinato premeditado, mentira y uso excesivo de la fuerza. La revelación de esta mala conducta desacreditó la justificación original de la policía para la matanza.
No obstante, estallaron disturbios en varias ciudades, principalmente en los suburbios, donde se incendiaron deliberadamente comercios, escuelas y edificios municipales, y se quemaron 2.500 coches. También se saquearon varias tiendas en varias ciudades de Francia. En respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, desplegó 45.000 de los 240.000 policías del país para restablecer el orden, lo que se saldó con más de 1.000 detenciones. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿Cuáles son los factores subyacentes a estos sucesos y por qué el caos se ha extendido a varias ciudades? ¿Qué está alimentando la ira en las calles francesas?
Europa concibe sus valores comunes como una sociedad caracterizada por la integración, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y la no discriminación, en la que priman la igualdad ante la ley y el respeto de la dignidad humana. La Carta de la Unión Europea garantiza los derechos individuales, entre ellos la libertad de pensamiento, religión, reunión, expresión e información, así como el respeto de la vida privada y las libertades personales.
Sin embargo, estos principios ideales que definen la identidad europea se han convertido en meras palabras sobre el papel, aplicadas selectivamente y según las circunstancias. Siguen siendo aspiraciones a las que aspira la sociedad europea. Es imposible construir una sociedad en la que los dirigentes no respeten las leyes locales e internacionales ni los principios que profesan.
Los acontecimientos en Francia están estrechamente ligados a la desigualdad de la “República Francesa”, que se refleja en disparidades sociales y económicas. Los barrios populares, comúnmente llamados suburbios, son objeto de duras críticas. Los medios de comunicación presentan estas zonas como anárquicas, plagadas de inseguridad y brutalidad desde los años ochenta y noventa. Por ello, el discurso de la seguridad se ha centrado a menudo en estos barrios, empezando por los disturbios del verano de 1981 en Lyon. Desde entonces, los suburbios se perciben como un “problema social creciente”. Varios factores han contribuido a esta percepción, entre ellos la polémica de 1989 sobre el pañuelo islámico, la aparición de Al Qaeda, los atentados de Charlie Hebdo que insultaban a la religión islámica y a su profeta, y los disturbios de 2005, 2006 y 2007 que encarnaron el sentimiento “antirrepublicano”. Esta idea de que los barrios son siempre más “inaccesibles a la policía”, en palabras del Primer Ministro Francois Fillon.
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El líder del partido derechista de Le Pen, Sébastien Chenu, declaró: “Si Argelia está preocupada por sus nacionales en Francia, que los devuelva”. La narrativa de extrema derecha refuerza el retrato de estos suburbios como problemáticos al hacer hincapié en la inseguridad causada por la “migración masiva” desde las grandes ciudades. El partido de derechas presenta los suburbios como “en guerra con el poder del Estado” y un “epicentro del terror” proscrito. Del mismo modo, los sindicatos policiales afiliados al Ministerio del Interior abogan por un “estado de guerra” y afirman que hay que utilizar todos los medios para imponer la seguridad.
Como consecuencia, las autoridades locales han aumentado la presencia policial en estas zonas. Desde 2017, los agentes de seguridad están autorizados a utilizar la fuerza letal si consideran que su vida corre peligro en el ejercicio de sus funciones.
Investigadores franceses han observado que las penas y las condenas de prisión son desproporcionadamente duras para los residentes de los suburbios, especialmente los de origen africano y árabe que tienen la ciudadanía francesa. Esto ha provocado el hacinamiento en las cárceles.
La primera ministra, Elizabeth Bourne, ordenó el despliegue de cientos de vehículos blindados durante la cuarta noche de acción popular para demostrar una fuerte respuesta estatal. La medida retrató al Estado francés como un Estado policial y no como una democracia, haciéndose eco de la gestión de las protestas de los chalecos amarillos en años anteriores. El presidente Emmanuel Macron respondió a los disturbios culpando a las plataformas de redes sociales de incitar a los disturbios y pidiendo un aumento de la presencia policial y de la confrontación con los manifestantes.
En lugar de abordar democráticamente los problemas de la sociedad francesa, como Europa dice priorizar, las acciones de la República Francesa muestran una determinación por demostrar su control de las calles y priorizar la seguridad sobre la búsqueda de un terreno común. Esta confluencia de intereses entre un sector airado de la población y el aparato estatal gobernante no hace sino agravar la situación.
El propio presidente Macron admitió que la gente no le eligió porque fuera la mejor opción para ellos. El electorado francés rechazó a la extrema derecha representada por Marine Le Pen. Por lo tanto, no es de extrañar que exista una brecha significativa entre las aspiraciones del pueblo francés y su líder. Esta brecha se ha hecho evidente en la toma de decisiones de Macron, que a menudo se salta los procesos democráticos. La propuesta de ley de jubilación, por ejemplo, fue retirada del Parlamento por temor al rechazo de la mayoría y de una parte importante de la población francesa.
Por tanto, no es de extrañar que el Estado preste menos atención a cuestiones internas como los problemas de los suburbios de París y la otra docena de zonas como Lyon, Marsella, Nantes y Lille que han sufrido disturbios. En cambio, el Estado tiende a centrarse en cuestiones internacionales, como su implicación en la guerra de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, una implicación en la que ni Francia ni Europa están directamente involucradas y que ha alimentado la inflación en el país, devaluado el euro y aumentado los precios de la electricidad, el gas y los alimentos. Esta táctica de distracción ignora la cohesión económica que podría lograrse con Rusia, similar a la unificación del continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 24 millones de ciudadanos rusos sacrificaron sus vidas para contrarrestar la amenaza que suponía Alemania para los países europeos, en particular Francia.
Como consecuencia, Francia aún no ha encontrado una solución global a los problemas que siguen sufriendo los suburbios de París y otras zonas afectadas. En lugar de luchar por la justicia, la igualdad y la fraternidad, que es el lema de la República Francesa, las acciones y políticas del Estado reflejan un fracaso a la hora de defender y respetar los principios europeos plasmados sobre el papel que se supone deben guiar y unir al continente. La concentración en los suburbios no debe considerarse un problema local aislado, sino más bien un síntoma de la ausencia de estos principios a escala europea más amplia.
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